Corte valida el tipo abuso de funciones

Se determina la validez del tipo administrativo de abuso de funciones contenido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el tipo administrativo de abuso de funciones previsto en el artículo 57, inciso b), de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México es constitucional a la luz del principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad.
El asunto tuvo su origen en un procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de quien se desempeñó como director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa resolvió que era administrativamente responsable por la conducta atribuida, por lo que le impuso como sanciones la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años y la reparación del daño causado a la hacienda pública por una cantidad determinada.
Inconforme con esa resolución, el entonces servidor público interpuso un recurso de apelación. Posteriormente, promovió un juicio de amparo que fue negado, lo cual controvirtió mediante un recurso de revisión que correspondió conocer a la Suprema Corte.
Al respecto, el tipo administrativo de abuso de funciones sanciona a la persona servidora pública que, con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a la realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí, para determinados familiares o personas con quien tenga relación, o bien, para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
La Corte determinó que el elemento relativo al “perjuicio al servicio público” se actualiza a partir de los principios que rigen el servicio público, bajo la premisa de que quienes desempeñan un cargo deben abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento o contravención de cualquier disposición normativa relacionada.
Por ello, la autoridad sancionadora cuenta con un margen razonable que le permite valorar las circunstancias que rodean la conducta a sancionar, las que se concretan mediante las pruebas que las demuestren, teniendo oportunidad la persona servidora pública de ofrecer las que estime pertinentes. Además, la determinación final sobre si la realización de ciertos actos u omisiones por parte de la persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones generó o no un “perjuicio al servicio público” pasa al plano probatorio.
La SCJN sostuvo que el destinatario del artículo impugnado no es cualquier persona, sino que va dirigido exclusivamente a personas servidoras públicas, quienes deben conocer los ordenamientos jurídicos que regulan su actuación, por lo que no existe margen de incertidumbre.
De esta forma, el Pleno de la Corte concluyó que la expresión “perjuicio al servicio público” deberá ser entendida y acotarse caso por caso, atendiendo a la dependencia de la que forme parte la persona servidora pública de que se trate y a las funciones que tiene encomendadas derivadas del empleo, puesto o comisión que desempeñe, por lo que debe comprender con claridad cuáles son las obligaciones y prohibiciones inherentes al cargo que desempeñe.

SCJN abre espacios para construir
una justicia más humana y accesible

En la primera etapa de los “Diálogos por la Justicia Abierta”, personal del Poder Judicial de la Federación recorrerá los estados de Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla para escuchar las experiencias, necesidades y desafíos de la sociedad en el acceso a la justicia.
La justicia debe ser accesible, comprensible, incluyente y cercana a la sociedad, coincidieron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), al participar en la inauguración de los “Diálogos por la Justicia Abierta”.
Durante el evento, el ministro presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que los “Diálogos por la Justicia Abierta” son un esfuerzo sin precedentes que permitirán derribar la antigua barrera jerárquica entre las autoridades y la ciudadanía.
“Hay mucho que caminar, hay mucho que construir y, entonces, esta inauguración es al mismo tiempo una convocatoria a todos y todas para sumarse a este esfuerzo de diálogo permanente. Vamos a construir un México de manera distinta. Esa convicción y ese compromiso es inquebrantable en la Corte y en el nuevo Poder Judicial”, afirmó.
La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, destacó que la verdadera independencia judicial no debe confundirse con el aislamiento, sino que debe fortalecerse a través de un diálogo genuino con la sociedad civil, la academia y los usuarios del sistema. “Escuchar, dialogar y abrir espacios de participación no compromete la independencia ni debilita la función jurisdiccional; por el contrario, fortalece la legitimidad democrática de las instituciones encargadas de impartir justicia”.
En representación del presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, Catalina Ramírez Hernández, integrante del Pleno de dicha institución, comentó que la legitimidad de la ley nace de la colaboración ciudadana y de la capacidad de las autoridades para escuchar activamente las necesidades reales de la sociedad. “La justicia abierta no es únicamente un concepto, es una forma de entender el servicio público; implica transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas”, sentenció.
En el área de Murales de la sede de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que la verdadera legitimidad de las instituciones jurídicas no proviene únicamente de sus sentencias, sino de su capacidad para ser comprensibles, transparentes y permeables al escrutinio de una sociedad plural y desigual.
“La idea de la justicia abierta, más que un modelo, corresponde al criterio central mismo, bajo el cual se reorganiza actualmente el Poder Judicial. Más que proximidad, más que cercanía, la Suprema Corte busca entendimiento, encuentro con la sociedad. Queremos responder a sus necesidades, cumplir con las expectativas, las altas expectativas de justicia, de una sociedad mexicana desigual, pero también plural y diversa”, apuntó.
En su oportunidad, la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso una transformación estructural del Poder Judicial de la Federación, basada en cuatro ejes fundamentales: la transparencia, la colaboración, la rendición de cuentas y la participación ciudadana activa que trascienda la publicación de sentencias.
“¿Cuál es nuestro objetivo? Recuperar la dignidad del Poder Judicial, recuperar la confianza y legitimar nuestra función frente a la sociedad. Nuestro compromiso: justicia de puertas abiertas, justicia para todas y todos, justicia cercana a la gente”, aseguró.
En su mensaje, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía comentó que el propósito central de estos encuentros es fomentar una escucha activa y plural que permita comprender las carencias de los grupos históricamente marginados y reconstruir el Estado de derecho desde la autocrítica.
“Escucharemos para corregir y para transformar la justicia desde muy diversos ámbitos. Quiero detenerme en uno de los que para mí es central, algo muy central de estos diálogos, la transparencia, un Poder Judicial que se esconde, es un poder que traiciona la confianza y la legitimidad que se nos confirió en las urnas. Sin transparencia, no solo no hay rendición de cuentas, tampoco hay Estado de derecho”, aseguró.
El ministro Irving Espinosa Betanzo argumentó que el Poder Judicial se encuentra en un momento histórico, en el cual debe abandonar su aislamiento para adoptar un modelo de justicia abierta, situando la dignidad humana y la participación ciudadana como ejes centrales de su actuación.
“El derecho vale la pena cuando nos tomamos en serio la vida de las demás personas. Hagamos de estos diálogos el puente definitivo para que la comunidad jurídica, el Poder Judicial caminen siempre al lado de la sociedad mexicana”, subrayó.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propuso transformar el sistema judicial, mediante el uso de un lenguaje sencillo y la creación de foros de participación ciudadana que permitan a la sociedad influir directamente en la labor de los tribunales.
“El diálogo abierto, así como la transparencia y el acceso a la información, son indispensables para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Para ello, se deben generar los espacios en los que la sociedad civil participe activamente a través de foros que democraticen la impartición de justicia y permitan el análisis conjunto de las sentencias precedentes y reformas relevantes que influyen en la vida cotidiana de las personas”, expuso.
Finalmente, la titular de la Dirección General de Atención y Participación Social de la SCJN, Karina López Regalado, expuso que los diálogos buscan ser un espacio “de escucha activa y de entendimiento recíproco entre personas juzgadoras, autoridades y la comunidad jurídica organizada”.
Indicó que en la primera etapa de los diálogos se recorrerán los estados de Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla.
En el evento, también participaron Surit Berenice Romero Domínguez y Xóchitl Almendra Hernández Torres, integrantes del Pleno del OAJ; Andrés Cuapio Reséndiz, director de Atención Ciudadana del TDJ; Sergio Javier Molina Martínez, director de la Escuela Nacional de Formación Judicial y Abraham Isaac Sudias Castellanos, secretario técnico de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Además, estuvieron presentes por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, director general, y Pedro Jesús de María García Montañez, director de la Unidad de Asesoría Jurídica..