
CIUDAD DE MÉXICO
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió treinta asuntos vinculados con la interpretación de los artÃÂculos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén la posibilidad de suspender de forma excepcional la audiencia en un juicio oral penal y reanudarla en un plazo máximo de 10 dÃÂas.
Al resolver estos asuntos, el Pleno reiteró que dicho plazo debe computarse en dÃÂas hábiles y no naturales, a fin de asegurar una mayor coherencia normativa, tutela judicial efectiva, debido proceso y respeto a los principios constitucionales de continuidad e inmediación que rigen el sistema penal acusatorio y que exigen que las etapas se lleven a cabo de forma sucesiva y en presencia de la persona juzgadora.
El Máximo Tribunal concluyó que el incumplimiento de ese plazo no genera, por sàmismo y de manera automática, la nulidad de lo actuado ni obliga a reponer ÃÂntegramente el procedimiento. Por el contrario, las autoridades jurisdiccionales deberán realizar un análisis caso por caso para determinar si la suspensión prolongada produjo una afectación sustancial en la percepción directa de las pruebas, comprometió la validez del juicio o incidió de forma determinante en la sentencia.
En ese sentido, el Tribunal Pleno estableció los siguientes criterios para que los órganos jurisdiccionales resuelvan asuntos similares:
Realizar el cómputo del plazo máximo de interrupción de la audiencia en dÃÂas hábiles.
Determinar que la suspensión fuera del plazo legal no genera automáticamente la nulidad de lo actuado, ni la reposición total del procedimiento.
Verificar, en cada caso concreto, si la suspensión y posterior reanudación de la audiencia fuera del plazo trascendió de manera real y efectiva a los principios de continuidad, concentración e inmediación. Para ello, deberá analizar si hubo una afectación sustancial en la percepción directa, integral y contextualizada de los medios de prueba, de modo tal que se comprometa la validez del juicio y que ello trascienda a la sentencia.