Bajo el eje “Alianza para la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio”, este acuerdo impulsa acciones coordinadas para garantizar una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, así como la protección del territorio, el medio ambiente y los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Esta alianza interinstitucional reconoce que los desafíos en materia agraria requieren soluciones integrales, con enfoque en derechos humanos, perspectiva intercultural y de género, para avanzar hacia una justicia más cercana, efectiva y transformadora para las personas.