𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐌𝐨𝐲𝐚

CIUDAD DE MÉXICO

EL ECONOMISTA

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aclaró que el proceso de extradición relacionado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una fase preliminar, ya que autoridades estadounidenses no han presentado una solicitud formal, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición.

Durante su intervención en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que existe una diferencia sustancial entre ambos procedimientos. La solicitud formal de extradición, según el Tratado entre México y Estados Unidos, requiere la presentación de cargos, pruebas, orden de aprehensión y demás elementos jurídicos completos. En contraste, la detención provisional se utiliza en casos de “urgencia”, cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.

Alcalde Luján señaló que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York optó por la segunda vía, pero no aportó elementos suficientes para acreditar dicha urgencia.

“La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada”, explicó.

Según lo dicho por la consejera jurídica, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional al gobierno estadounidense para sustentar la petición, luego de recibir la opinión de la Fiscalía General de la República (FGR), que consideró insuficientes los elementos presentados.

Precisó que, en caso de que se acrediten las condiciones de urgencia, la Fiscalía podría acudir ante un juez de control para solicitar la detención provisional, lo que abriría un plazo de 60 días para que se presente formalmente la solicitud de extradición.

“El momento procesal exacto en el que estamos es que no existen elementos suficientes para determinar la urgencia, por lo que se requiere que el país solicitante aporte más información”, puntualizó.

La funcionaria subrayó que ni la FGR ni la Cancillería determinarán la procedencia de la detención, sino que será un juez quien, en su caso, evalúe los datos de prueba.

“Quien lo va a determinar es un juez de control, no la Fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores”, enfatizó.