Ernestina Godoy presentó su Plan Estratégico 2026-2029 al frente de la FGR con cambios estructurales; en esto consiste.
CIUDAD DE MÉXICO
EXCELSIOR
La FiscalÃÂa General de la República (FGR) puso en marcha una profunda reingenierÃÂa institucional que transformará sus áreas sustantivas de investigación y operación. El objetivo principal es fortalecer el combate frontal a delitos de alto impacto, priorizando la lucha contra la extorsión, el feminicidio y la desaparición forzada.
Durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que este rediseño contempla ajustes estructurales, administrativos y presupuestales diseñados para erradicar las prácticas que han favorecido la impunidad y la corrupción en el paÃÂs.
“La FiscalÃÂa General de la República está investigando; va a integrar casos sólidos, va a desmantelar sus redes y los vamos a llevar ante la justicia. Donde haya violencia habrá Estado; donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen, desde luego, habrá consecuenciasâ€Â, advirtió Ernestina Godoy Ramos.
La titular de la FGR aseguró que el trabajo se realizará en estrecha coordinación con el gabinete de seguridad federal para cerrarle el paso a las organizaciones criminales mediante el uso de tecnologÃÂa, inteligencia e investigación cientÃÂfica.
Como parte de la agenda inmediata, la próxima semana la FGR sostendrá un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para revisar mecanismos de cooperación técnica frente a la crisis de desapariciones forzadas en México. La fiscal destacó que la actual administración «no tiene nada que esconder» y enlistó las acciones concretas implementadas:
– Obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
– Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.
– Exigencia de que todos los estados cuenten con fiscalÃÂas especializadas.
– Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
– Robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante nuevo equipamiento y especialistas.
El nuevo esquema de la FGR abandona el modelo centrado en el trámite masivo de expedientes para transitar hacia una gestión diferenciada de casos. Se priorizarán los fenómenos delictivos complejos a través de estrategias de persecución penal focalizada, equipos multidisciplinarios y protocolos homologados que aseguren la cadena de custodia.
Este rediseño está sustentado en recientes reformas aprobadas por el Congreso, como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Emprenderemos la modernización y el fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Estableceremos una dinámica interna que permita priorizar, segmentar y reorientar recursos hacia los delitos que más lastiman a la sociedadâ€Â, explicó Godoy Ramos.
El proyecto operativo incluye el despliegue y reubicación de personal en 61 municipios considerados prioritarios a nivel nacional, asàcomo la consolidación de las 32 fiscalÃÂas federales como enlaces directos con autoridades estatales y municipales.
En el combate al feminicidio, el Estado mexicano pondrá a disposición de las fiscalÃÂas estatales toda la capacidad técnica, pericial y de inteligencia de la FGR a través de su Centro Federal de Inteligencia Criminal.
Para lograrlo, se firmarán convenios que permitirán proveer asistencia cientÃÂfica de vanguardia, incluyendo:
En el ámbito administrativo, las reformas al Estatuto Orgánico de la FiscalÃÂa ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este ajuste elimina duplicidades y reduce cargas burocráticas para concentrar los recursos financieros en tareas ministeriales y periciales.
“Nunca más una fiscalÃÂa opaca con una burocracia doradaâ€Â, sentenció la funcionaria federal.
Finalmente, el Plan Estratégico incorpora mecanismos alternativos de solución de controversias y esquemas de justicia restaurativa para agilizar procesos. La meta institucional de la FGR es clara: elevar el número de sentencias condenatorias en delitos de alto impacto, desmantelar esquemas financieros ilÃÂcitos y ofrecer resultados verificables con mayor transparencia a la ciudadanÃÂa.