El ex perredista cuenta con una carpeta de investigación abierta en México por el asesinato extrajudicial de cinco comuneros, abuso policial y tortura.

CIUDAD DE MÉXICO

SIN EMBARGO

Esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que sí había una ficha roja emitida para el exmandatario, información que fue corroborada por fuentes del Gobierno de Michoacán al diario español El País. Ayer, Carlos Torres Piña, Fiscal General del estado de Michoacán, adelantó en entrevista con Álvaro Delgado para Los Periodistas, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire, que la dependencia a su cargo solicitaría la búsqueda internacional del experredista.

Torres Piña detalló que a nivel estatal se han tramitado órdenes de aprehensión contra el fundador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) por los hechos ocurridos en Arantepacua donde se registró el asesinato extrajudicial de cinco comuneros, abuso policial y tortura.

«Con aquella investigación entiendo que se emitirán algunas alertas. Es así que se detiene en el aeropuerto a Carlos Maldonado (exsecretario de Finanzas) por esa alerta que se emitió al Gobierno de Estados Unidos, entiendo que se hizo para todos, no conocemos el estatus. Ahora con las órdenes de aprehensión que contamos como Fiscalía podemos solicitar esa alerta roja para la localización si hubiera algún movimiento de estos personajes», explicó.

El Fiscal subrayó que se trata de una carpeta de investigación por violaciones graves a derechos humanos. “Se han tramitado otras órdenes de aprehensión por hechos que se suscitaron en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, donde hubo un asesinato extrajudicial de cinco comuneros, abuso policial y tortura. En esta carpeta de investigación se otorgaron a la Fiscalía de Michoacán 16 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exgobernador”, afirmó.

A nivel federal, el exdiputado, ex senador y precandidato presidencial por parte de la oposición en 2023 enfrenta una acusación por parte la Fiscalía General de la República por el presunto desvío de cinco mil 186 millones de pesos, derivado de un caso de simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato. Por este caso, también está acusada la firma Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V. y otros excolaboradores de Aureoles, ya detenidos.