Despojan predio en Villa Allende pese a resolución judicial

Antecedentes del conflicto en Villa Allende

Habitantes de la ranchería Villa Allende, en el municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz, denunciaron el despojo de un predio de 62 hectáreas destinado a uso agrícola y ganadero. La comunidad asegura ser poseedora de estas tierras desde hace décadas, amparada por tradiciones ejidales y asambleas previas. Sin embargo, en fechas recientes, dos parcelas fueron vendidas sin su consentimiento a un tercero, lo que desencadenó una disputa legal y social en la zona.

Resolución de la SDRAP y venta irregular del terreno

En 2023, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SDRAP) del estado de Veracruz emitió una resolución que reconoce la posesión de los ejidatarios sobre el predio de Villa Allende y ordena expresamente no enajenar ni gravar las tierras. A pesar de ello, un particular conocido como “don Eduardo” llevó a cabo la venta de las parcelas 17 y 18 a un comprador identificado únicamente como “Sosa”. Según la SDRAP, esta transacción contraviene la resolución y carece de validez legal, pues el predio debía mantenerse bajo protección estatal hasta resolver la titularidad definitiva.

Denuncias contra autoridades municipales

Los afectados acusan a la alcaldesa Guadalupe del Ángel Valdés y al síndico único del Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán de complicidad en el despojo. Señalan que, pese a contar con la resolución de la SDRAP, el Registro Público de la Propiedad inscribió la compraventa, lo que facilitó la transacción irregular. Además, refieren que no han recibido apoyo ni respuesta efectiva del gobierno municipal, y que las oficinas locales han dilatado la revisión de la documentación oficial.

Situación actual de los pobladores

Tras la venta, los ejidatarios de Villa Allende han recibido amenazas y hostigamientos por parte de personas vinculadas al nuevo adquiriente. Denuncian movimientos de maquinaria y cercamientos en las parcelas, así como preparación de la tierra para cultivos sin permiso de los poseedores originales. La comunidad teme ser desplazada de sus viviendas y clama por la intervención de instancias estatales y federales para frenar el despojo y garantizar la integridad de las familias.

Documentación y acciones legales en curso

Los pobladores cuentan con copia de la resolución de la SDRAP, certificaciones parcelarias emitidas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), amparos tramitados ante diversos juzgados y actas de asamblea ejidal que avalan su derecho. Con esta documentación, buscan demostrar la nulidad de la venta y exigir que se respete la medida cautelar dictada hace dos años. Hasta el momento, las instancias judiciales mantienen abiertos varios juicios de amparo para revisar el caso.

Respuesta oficial y siguientes pasos

En voz del secretario del Ayuntamiento, Jesús Méndez, se informó que la alcaldesa se encontraba de viaje en el extranjero y que al regresar revisarán el expediente. Sin embargo, los ejidatarios exigen celeridad en el análisis de la situación y piden a las autoridades estatales y federales evitar un conflicto mayor. El caso permanece bajo observación mientras las familias afectadas esperan una solución que detenga el avance de las labores en el terreno.